REFRESCANDO LA MEMORIA: CASO TABACO

En el caso de Tabaco se juntaron la corrupción de buena cantidad de jueces, fiscales, procuradores, alcaldes, gobernadores y ministros, obviamente presidentes, incluso connotadas jerarquías de la iglesia católica, en fin, el establecimiento estatal colombiano con protervos fines y mecanismos inmorales, revolcándose y amangualándose con explícitos e ilegales intereses de la empresa minera norteamericana Intercor, para atacar y destruir cruentamente al único corregimiento del municipio guajiro de Hato Nuevo.

Lo lograron, a pesar de la firme resistencia de algunas, muy pocas, familias nativas del conglomerado afrodescendiente, algunas la alcahuetearon, y del respaldo y la protesta internacional que obtuvimos de un pequeño pero significante grupo de aliados. El afán de destruir a Tabaco estuvo enmarcado inicialmente en la simple necesidad de ampliar la zona minera autorizada por el gobierno, luego en el adicional y sobreviniente impulso del Fondo

Monetario Internacional de imponer con prontitud la venta de la estatal Carbocol, asuntos que generaron y precipitaron explicables atractivos comerciales ligados a la enajenación de la mina Cerrejón, para lo cual era menester, dentro de esa lógica sucia y perversa del Departamento Legal de la compañía minera de la época, despedazar y arrasar sin ninguna

consideración humanitaria ni jurídica la estructura física y social del humilde pueblo afro. Nunca, como en este emblemático caso de violación de los derechos humanos internacionales, la captura del Estado por la codiciosa minería fue tan evidente y tan vergonzante nuestro sistema judicial frente al poder multinacional empresarial, salvo la leve y desteñida señal esperanzadora generada por un fallo de tutela de la Sala Civil de la Corte

Suprema de Justicia de año 2002, proferido un año después del feroz ataque, a través del cual se ordenó entre otros logros la reconstrucción del pueblo, incluyendo su tejido social. Pero fue tan grosera la imposición de la influyente y corrupta minería contra la frágil dignidad judicial del país que el acatamiento del mencionado fallo encontró su principal tropiezo en los insólitos vericuetos interpretativos de la misma Sala que lo emitió.

Hoy, aún estamos a la espera de que la H Corte Constitucional resuelva sobre nuevas expectativas de diferentes órdenes, algunas francamente censurables. Lo cierto e inverosímil es que el proceso de reconstrucción física y social de Tabaco, nuestra principal e invariable bandera, antes, durante y después del ataque, se halla en el peor momento sicológico. Cuando no es una cosa es otra. El gran balance que podemos hacer hoy sobre ese desconcertante tópico es el siguiente: por un lado, el Estado en sus diferentes niveles y órbitas, el principal responsable, motor y cómplice del cruel ataque a la comunidad, se halla totalmente alejado, siempre lo ha estado, sin asumir su verdadero y principal rol gubernamental que no es otro que el de atender correctamente el interés público y social afectado. Los alcaldes del municipio de Hato Nuevo, es decir, la autoridad principalmente

accionada en virtud del fallo de 2002, no arrancan, algunos intentaron descarada e inexplicablemente devolverse y desandar los avances logrados con tantas dificultades, otros desearían desresponsabilizarse de la tremenda oportunidad de compensar y resarcir al pueblo afro teniendo a favor las herramientas jurídicas de la singular sentencia que les permitiría exhortar, convocar y vincular con la formidable argumentación disponible, a las otras autoridades públicas y a todos los particulares involucrados hasta los tuétanos en la planeación y destrucción, que primero fue sistemática, luego cruenta y paramilitar del corregimiento de Tabaco.

Los particulares aludidos en las órdenes de la mencionada sentencia de la Corte Suprema, sin tener que acudir a los recovecos de la hermenéutica son claramente la norteamericana Exxon Mobil y la actual empresa Cerrejón. De la primera no tenemos noticia, porque vendieron la mina y se desaparecieron. De la otra, Cerrejón, en algunos momentos ha avanzado, en otros no ha podido avanzar por diferentes razones y en los últimos años ha dejado pasar el tiempo deliberadamente. Pero lo peor que ha pasado, en este apretado balance de quince años, es la división de la comunidad, auspiciada por algunos actores disfrazados de aliados o líderes sociales.